Ha sido sancionada recientemente la ley de regulación del sistema de medicina prepaga, que si bien otorga más beneficios a los usuarios, debe ser perfeccionada a fin de no llevar con el tiempo a la desaparición de un sistema que cubre a cuatro millones de personas
La historia es vieja. Empieza, quizá, en 1952, en tiempos de uno de los mejores ministros de Salud que tuvo la Argentina: Ramón S. Carrillo. Allí se esbozó y comenzó la organización de un plan de salud nacional, del que apenas dos años más tarde el Estado abjuró, se retiró de una de sus funciones indelegables y la entregó a los sindicatos. Un ejemplo casi único en el mundo, ya que la mayoría de los países entendió que el Estado es responsable de esa prestación. A partir de ese desatino, la Argentina fue organizando su sistema con base en cuatro subsectores, en lugar de trabajar sobre un sistema integrado de salud. Estos diferentes actores no actúan en forma aislada, sino que muchas veces interactúan entre ellos, prestando, financiando y proveyendo servicios en forma continua.
Los Subsectores
Primer subsector: es el más importante, ya que incluye a las personas sin cobertura de ningún tipo (40,6 por ciento de la población, o sea alrededor de 17 millones de individuos). Se financia principalmente a través de rentas generales.
Segundo subsector: lo constituyen las obras sociales sindicales (puras e institutos como el Bancario), las obras sociales provinciales –Apross, en Córdoba– y las de Personal de Dirección (ASE, Osde), que engloban a 18,5 millones de personas (44 por ciento). Es financiado por aportes de empleados y empleadores, y con cuotas voluntarias. Además, están otras menores, como la de las Fuerzas Armadas y la del Poder Judicial.
Tercer subsector: el Pami (casi 3,5 millones, aproximadamente ocho por ciento de la población), financiado por fondos de empleadores y empleados en actividad, retenciones sobre jubilaciones y pensiones, y autónomos; el Ministerio de Economía es responsable de la provisión de fondos.
Cuarto subsector: es el privado, representado por las prepagas, que atiende a cuatro millones de personas (más de ocho por ciento de la población). Se financia casi en su totalidad con fondos de sus afiliados.
Después de conocer esta estructura, nos podemos hacer varias preguntas, que hoy no ofrecen respuestas. ¿De dónde saldrán los fondos para atender lo que pide la ley sancionada? ¿El resto seguirá cautivo de las obras sociales sindicales, o del colapsado sistema público? ¿Quiénes serán los reguladores? ¿Quiénes fijarán los valores de las cuotas? ¿El subsector privado dependerá de la Secretaría de Comercio o del Ministerio de Salud? Afiliarse y desafiliarse cuando el paciente desea, ¿no va en contra de lo que se viene pregonando: hacer prevención, que se ha comprobado resulta de 10 a 15 veces más barato que hacer medicina terapéutica? ¿Los mayores de 65 deben aceptarse si estuvieron en la empresa los 10 años anteriores o dentro del sistema de prepagas en su totalidad? ¿Y si la respuesta de las prepagas es "no vendo más"?
Iluminados. Una vez más la división entre argentinos no permite que los dineros puedan manejarse en libertad por sus dueños. Y los que, quizá por no sentirse capaces, prefieren que se los manejen los "iluminados del Gobierno".
El tiempo mostrará –como sucedió con el traspaso de las jubilaciones privadas al Estado– las consecuencias del "modelo", controlado por un Estado que maneja poco a poco todos los resortes de la economía y no da opción a otra cosa que no sean sus decisiones o, para decir mejor, sus designios. Vamos viendo sin prisa (a veces con ella) cómo el Estado y los sindicatos (mejor dicho, sus dirigentes) deciden cuánto cobrar por cada bien o servicio que se produce, quiénes y cómo pueden usarlos. Es decir, manejan y reparten lo que se produce, pero los que invierten y generan son los otros. Por supuesto que esos dineros son utilizados en forma discrecional y al menos no parecen mejorar los índices que muestren la salida de la indigencia, de la pobreza, la inseguridad, la corrupción y la delincuencia, entre otros aspectos que deberíamos mejorar de la sociedad argentina.
Los diputados, que tanto defendieron esta conquista, cuando cumplan 65 años, ¿se harán atender por el Pami o gozarán de otro privilegio más en su foja de servicios?
Muchos de los que levantan las manos para aprobar las leyes no son, sin dudas, los más idóneos, y menos aun sus asesores, que más bien son "punteros políticos" que cumplen obligaciones.
Hay dinero para comprar en cuotas, para Fútbol para Todos, para Carne para Todos, para vino para todos, pero, ¿ cuándo habrá para salud para todos?
Fuente: lavoz.com.ar
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