SRT - Hacia una cultura de la prevención

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo fue creada por la Ley N° 24.557 como entidad autárquica en jurisdicción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, con el fin de planificar, organizar, administrar, coordinar, controlar y evaluar el sistema de prevención y reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, desarrollando estudios, programas y actividades de capacitación y prevención, elaborando normas en materia de salud y seguridad en el trabajo y fiscalizando el cumplimiento de las mismas.
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.R.T.) nace como autoridad de aplicación del Sistema de Riesgos del Trabajo en el año 1995, es decir en un contexto político, social y económico sustancialmente diferente del que hoy presenciamos.
A diferencia de otras instituciones para las cuales la primacía del modelo de reformas basado en el mercado es un período más a lo largo de su historia de desarrollo, para la S.R.T. es una marca de nacimiento.
Hoy, con una revalorización de lo público y un cambio ideológico en torno a las políticas públicas relevantes, de lo que se trata es de fortalecer la presencia del Estado en la sociedad, acercándolo a las urgentes necesidades de la población y de restituirle al bien común el lugar que le corresponde, como eje rector de todas las políticas públicas, y ya no solamente las sociales, velando por la garantía de los derechos de todos los ciudadanos y por la protección especial de los más desfavorecidos.
El amparo del trabajador frente a las contingencias del trabajo se posicionó como el foco de atención de la política sectorial. El sistema de riesgos del trabajo no tiene sentido en sí mismo, sino en relación con los y las trabajadores/as de nuestro país.
Históricamente la salud de los trabajadores ha sido una materia propia del campo de lucha de los derechos humanos, de las reivindicaciones sociales y de la seguridad social como producto específico del siglo XX. Por ello retomar el espíritu que animó a los propulsores de la seguridad social, por la cual se asegura a las personas de todas aquellas contingencias que pudieran ocurrirles en virtud de la vejez, la discapacidad, el trabajo, etc. es una necesidad imperiosa dado el estado de situación al que se hizo referencia. Sumado a ello, y como fuerza básica, se requiere un enfoque preventivo.
Cuando de salud se trata no hay otro que sea éticamente sostenible. Disponiendo de los medios necesarios para evitar la enfermedad, las lesiones y las secuelas discapacitantes resulta a todas luces demostrable no hacer nada en consecuencia, ya no es suficiente plantear la prevención como única herramienta, hoy se habla de promoción de salud y de la calidad de vida, en nuestro caso, laboral.
Resulta claro entonces que este tipo de planteo implica un cambio de enorme profundidad en los lineamientos políticos en materia de protección de los trabajadores respecto de lo que se venía haciendo.
Promoviendo mejoras en el campo de las condiciones de trabajo se estará dando una señal a la sociedad respecto de la importancia que tiene para el Gobierno la salud de los trabajadores. La salud y seguridad en el trabajo es uno de los sectores donde se expresa la política social del gobierno. Al lado de las medidas destinadas al crecimiento del empleo y de la cobertura de la seguridad social, las acciones en esta materia deben orientarse al mejoramiento de la calidad del empleo, en el marco de las orientaciones de la Organización Internacional del Trabajo sobre “trabajo decente”.
Un ambiente de trabajo sano y seguro es, además, un factor de productividad y competitividad. Este concepto va más allá de la simple valoración de los costos indirectos de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, para concebir el trabajo en los términos de calidad total. En este sentido, no hay calidad total sin calidad de vida en el trabajo. La estrategia para la promoción de la salud y seguridad en el trabajo, no puede limitarse a la reducción de los índices de incidencia de los accidentes de trabajo.
Este es un paso necesario pero, si se desea un progreso perdurable aún en cuanto a los índices, debe avanzarse en el mejoramiento de las condiciones de trabajo.
Esta estrategia exige el compromiso de todos los actores, entre ellos los poderes públicos, las empresas privadas, las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y los propios empleadores, trabajadores y sus organizaciones representativas.
De todas maneras, este compromiso conjunto, y el rol de promoción de la salud y seguridad, no deben hacer perder de vista la función estatal de contralor.
En síntesis, se trataría de pasar de una política de regulación y control de actividades a una política de promoción de la salud y seguridad en el trabajo.
Más específicamente, se trata, por un lado, de reforzar el control sobre todas las prestaciones que obligatoriamente deben prestar las aseguradoras, tanto preventivas como dinerarias, sociales y de salud, con el objeto de que las mismas se brinden con oportunidad, integralidad, y calidad y, por otro, “el fomentar una verdadera cultura de la prevención de los riesgos del trabajo.”
No hay trabajo decente si no es un trabajo seguro y que sirva a la salud. El concepto de trabajo decente, ampliamente aceptado, incluye el concepto de seguridad en su definición, tanto sea entendido como “el trabajo productivo en el cual los derechos son respetados, con seguridad y protección y con la posibilidad de participación en las decisiones que afectan a los trabajadores” o como “el derecho de los y las trabajadoras de disfrutar de un trabajo productivo, ejercido en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana.”
En este contexto actual la posibilidad de alcanzar mejoras significativas en los lugares de trabajo en materia de seguridad y salud no es una cuestión de tecnología sino de cultura, de allí que sea necesario instalar una “Cultura de la Prevención”

Fuente: Dr. Juan Horacio Gonzalez Gaviola
Superintendente de Riesgos del Trabajo

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