Mientras en el Congreso continúan buscando contar este año con una ley de riesgos del trabajo, desde la superintendencia se encuentran implementando distintos convenios con las provincias para bajar la litigiosidad del sistema. En 2010 se registraron 54.335 juicios por accidentes de trabajo. En el Año del Trabajo Decente, la Salud y la Seguridad de los trabajadores, la jefa de Estado, Cristina Fernández, instó a que se hiciera foco en la atención de las políticas laborales, escenario que vuelve a poner en primera plana la urgente necesidad de contar con la ley de riesgos del trabajo que permita combatirla litigiosidad y el fraude laboral.
"El sistema de riesgos de trabajo da prestaciones a unos seiscientos accidentes al año y paga alrededor de $15 millones de salarios caídos; lo más importante de todo es que se logró una caída en la siniestralidad en los últimos tres años: 30% de los accidentes mortales y más de un 20% en accidentes comunes", explicó a BAE el superintendente de Riesgos de Ira-bajo, Juan González Gavióla.
Lo cierto es que más allá de los logros obtenidos en materia de prevención, aún queda pendiente resolver las vías que dan paso a la creciente litigiosidad que hoy sufre el sector. Según las estadísticas de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, mientras que en 2008 la cantidad de casos que ingresaron a la Justicia rondaban los 27.000, para 2011 esta cifra ascendió a 54.335 causas judiciales; en lo que va del año las acciones judiciales llegan a 25.000.
Entre los puntos de mayor desacuerdo entre empresarios, trabajadores y el sistema de riesgos de trabajo se encuentra la llamada doble vía -que da la posibilidad de litigar por vía judicial- y la cobertura de accidentes in itínere. "Creemos que hay, más allá del fraude, dos causas que están alimentando la litigiosidad, lo cual marca que el sistema administrativo no está funcionando con la misma lógica que el Poder Judicial; esos dos desacoples -producto de algunos fallos que declararon inconstitucional a la LRT- son fundamentalmente que hay que resolver que el sistema administrativo pague el daño moral, que es lo que el trabajador reclama a través de la vía civil", explica en conversación con BAE el superintendente de Riesgos del Trabajo Juan González Gavióla. En este punto, sostiene que se encuentran avanzando para que en el proyecto de ley se contemple que el sistema administrativo pague un componente optativo para el trabajador que sólo en caso de no aceptarlo podrá recurrir a la Justicia. "Consideramos que con el hecho de pagar el daño moral en forma rápida, evitando el litigio y tener que compartir la indemnización con abogados y peritos, esto se va a constituir en un elemento favorable para bajar la litigiosidad", indica el superintendente. Otro tema de mayor complejidad, señalan desde la SRT, es buscar que en las veinticuatro provincias se establezcan criterios comunes para la determinación del daño en el sistema de riesgos del trabajo. "Uno de los fallos plantea que las comisiones médicas no son el único órgano jurisdiccional donde se determina el daño, y si se descentraliza en los seiscientos tribunales laborales que tiene el país y esto genera que no exista un marco regulatorio adecuado, los sistemas periciales no tienen unicidad de criterios", explica González Gavióla, y advierte que en este contexto resulta de mayor importancia que se busque una unificación de criterios a nivel nacional. "Hemos visto, por ejemplo, cómo una misma lesión de rotura de un menisco que el baremo del decreto nacional pondera que significaría un daño corporal que está entre el 3 y el 5%, en un juzgado se le dio un 1% y en otro el 80%, esto marca una diferencia en los derechos del trabajador según el tipo de perito o el juzgado que le toque en suerte", sostuvo.
Judicialización. "Vemos que por un lado hay una situación de fraude, que son aquellos profesionales que hacen un ilícito que es tratar de cobrar al sistema de riesgos de trabajo enfermedades que no existen. Por otro lado vemos que el hueco que hay a causa de las inconstitucionalidades por efectos del sistema se multiplican en juicios que no podemos tildar de ilegítimos", advirtió el funcionario, pero a su vez destacó que será bueno que "se mejoren las brechas entre el sistema administrativo y el judicial para que los damnificados puedan resolver sus problemas indemnizatorios en forma rápida y justa sin necesidad de recurrir a la Justicia".
Según lo estiman abogados especialistas en la materia, el monto promedio de los pleitos oscila entre u$s40.000 por cada acción, siendo el monto de las costas de los juicios de alrededor de 2.500 millones de dólares. Dentro de las iniciativas que emprenderán desde la SRT, se adelantó a BAE que desde el organismo se encuentran trabajando con el Consejo de Cortes en la posibilidad de homogeneizar los criterios en la determinación del daño. En la búsqueda por descomprimir los tribunales y bajar el grado de litigiosidad, en el Gobierno nacional impulsó una mesa de diálogo integrada por el Ministerio de Trabajo, la UIA, la CGT, la CAME, la SRT y demás organizaciones que se encuentran avanzando para intentar que finalmente este año se logre concretar la postergada salida de una ley que resulta de imperiosa necesidad para dar previsibilidad al sistema laboral. (Corte Suprema de Justicia)
Fuente: Buenos Aires Economico
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